¿Ponemos fin a la batalla abierta con el registro diario de la jornada laboral de los trabajadores?

El Real Decreto 2/2015, que aprobó el texto refundido de la Ley de Estatuto de los Trabajadores, fue el comienzo de una larga historia, como es el registro de la jornada laboral de los trabajadores. Hoy día el asunto sigue latente ya que el Real Decreto 8/2019, con efecto de 12 de mayo de 2019, vuelve a tratar el asunto antes mencionado.

El Real Decreto 2/2015 estableció dicha obligación, de una forma específica en dos de sus artículos:

  • En cuanto a las horas extraordinarias, el artículo 35 apartado 5 del Estatuto de los Trabajadores, en adelante ET, establece lo siguiente: “A efectos del cómputo de horas extraordinarias, la jornada de cada trabajador se registrará día a día y se totalizará en el periodo fijado para el abono de las retribuciones, entregando copia del resumen al trabajador en el recibo correspondiente”.

La empresa tenía la obligación de entregar a cada trabajador, junto con su recibo de la nómina, un comprobante donde figuraban todas las horas realizadas en ese mes.

  • En cuanto a los trabajadores a tiempo parcial, el artículo 12 apartado 4 c) del ET, establece lo siguiente: “A estos efectos, la jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a día y se totalizará mensualmente entregando copia al trabajador, junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las complementarias”.

En este caso la empresa, igualmente, debía entregar al trabajador, junto con su recibo de nómina, un comprobante de sus horas realizadas en ese mes.

Todo esto dio lugar a dos grandes sentencias de la Audiencia Nacional (AN) en casos como el de BANKIA (diciembre 2015) y ABANCA (febrero 2016), en donde el Tribunal estableció la obligación de llevar a cabo un registro de la jornada diaria a los efectos del cómputo de las horas extraordinarias, según la interpretación que se hacía del artículo 35 del ET.

Además, todo esto tuvo más fuerza, cuando la Inspección de Trabajo (en adelante ITSS) emitió una instrucción 3/2016 sobre el control de jornada y horas extrasinspeccion-trabajo.jpg que debían llevar las empresas, respecto a sus trabajadores, iniciando incluso una campaña de sanciones a las empresas que no lo llevasen a cabo.

Todo da un giro, cuando en 2017, el Tribunal Supremo revoca las dos sentencias anteriores, BANKIA y ABANCA, declarando, según su interpretación del artículo 35 del ET, “las empresas no están obligadas a llevar a cabo un registro de la jornada diaria y que la obligación se extiende sólo a las horas extraordinarias realizadas”.

Tras esto, la ITSS emitió una nueva Instrucción 1/2017, completando la anterior, en la que básicamente aclaraba que “la omisión del registro de la jornada diaria de trabaja no era constitutiva de infracción”.

Después de tantas idas y venidas, se aprueba el Real Decreto Ley 8/2019, con efectos de 12 de mayo de 2019, donde finalmente se obliga al registro de la jornada laboral, en todos los casos, modificando el artículo 34 del ET, donde se instaura el deber de la empresa de garantizar el registro diario de la jornada laboral, donde se incluirá el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada trabajador que este dado de alta en la empresa.

Por lo tanto desde la aprobación del Real Decreto Ley 8/2019, la empresa:

  1. Tiene dos meses, desde la publicación de dicho Real Decreto Ley, para adaptar la medida. Tomando efecto 12 de mayo de 2019.
  2. Todas las empresas deberán registrar día a día la jornada de toda su plantilla, con el horario de entrada y salida de cada trabajador.
  3. Los registros se deberán guardar durante 4 años.
  4. Estos registros estarán a disposición del trabajador, los representantes y la ITSS.
  5. El incumplimiento llevará aparejada una sanción con multa de hasta 6.250 €.

Teniendo en cuenta todo lo dicho anteriormente, no nos queda otra que hacer una reflexión: La aprobación de normas, artículos etc., para salvaguardar los derechos de los trabajadores, nos lleva a hacernos preguntas, sobre cómo va a llevar a cabo la ITSS la comprobación del registro de la jornada diaria de todos los trabajadores de todas las empresas establecidas en Madrid, por ejemplo, donde la verdad no es que no solo faltan inspectores de trabajo, sino que los medios con los que ejercen su labor sean eficaces.

Y, por otro lado, las empresas deberán llevar a cabo la instalación de sistemas en donde se queden grabados los datos que la ley exige, para su posterior comprobación por parte del inspector, ¿será esto suficiente para que las empresas empiecen a valorar a los trabajadores y no esquiven sus obligaciones?

Aunque, ahora más que nunca, toma más fuerza aquella frase: “Quien hizo la ley hizo la trampa”.

Kira Vacas Hernández

Dpto. Derecho Laboral

¿Te han incluido en un fichero de morosos? ¿Qué hay de tu derecho al honor?

La negativa a pagar una deuda no quiere decir que un cliente sea moroso o insolvente.

Un cliente contrata una oferta con una empresa de telefonía, luz, etc. Sin embargo, surgen discrepancias con los servicios prestados o con la facturación recibida, por lo que el cliente decide no pagar las facturas (en parte o en su totalidad) y cambia de compañía.

La empresa le envía cartas reclamando el pago e incluye al cliente en ficheros de morosidad (como ASNEF, BADEXCUG o RAI). Desde ese momento empieza a recibir constantemente comunicaciones de estos ficheros requiriéndole de pago como condición para ser dado de baja.cobrador-del-frac.jpg

Este método de presionar al cliente, más barato que la vía judicial, es considerado por el Tribunal Supremo como una intromisión ilegítima en el derecho al honor del deudor, que ve afectada su dignidad y prestigio.

Los ficheros de morosidad pueden ser consultados por cualquier empresa que vaya a prestar un servicio periódico o cualquier entidad a la que se pida un crédito. Evidentemente, aquellas personas que estén incluidas en estos ficheros de morosidad se podrán ver penalizados a la hora de solicitar un préstamo o contratar cualquier servicio de suministros, en el sentido de ver denegada su solicitud.

Si nos encontramos ante una deuda controvertida sobre la que el cliente está en desacuerdo, su negativa a pagarla no es indicativa de su insolvencia. La deuda tiene que ser vencida, exigible e inequívoca.

Cualquier deudor que discrepe legítimamente de la existencia o cantidad de la deuda, puede solicitar su baja en los ficheros y reclamar una indemnización por daños morales a la compañía que lo incluyó.  Ya que el derecho al honor es un derecho fundamental protegido por nuestra Constitución, el Tribunal Supremo ha establecido que no es admisible fijar indemnizaciones simbólicas, por lo que se pueden reclamar sumas cuantiosas.

Diego Quintana Martínez

Dpto. Derecho Civil TQAbogados