DOCTRINA

En numerosas ocasiones hemos escuchado en los medios nombres como doctrina Parot o Botín, en esta ocasión vamos realizar un  repaso de los conceptos y términos sobre los que versan dichas teorías desde el punto de vista jurídico, y mencionaremos brevemente en qué consisten las doctrinas más conocidas.

En primer lugar, definiremos Doctrina como concepto teórico y sus diferencias con la jurisprudencia y las costumbres, todas ellas fuentes de derecho.

 

COSTUMBRE: Es un derecho no escrito, espontáneo, constituido por un conjunto de principios y reglas de conducta, repetidas en el tiempo por la sociedad en su conjunto, que acata esos preceptos como vigentes y válidos, con conciencia de obligatoriedad.

Para hablar de costumbre deben coexistir dos elementos: Uno objetivo, la repetición de conductas por un tiempo prolongado, sin interrupciones, y otro subjetivo, que consiste en creer que es jurídicamente relevante cumplir con lo establecido por la costumbre.

Existen tres tipos de costumbre:

  1. Secumdum Legem, (de acuerdo a la ley), que deriva su vigencia de la propia norma jurídica.
  2. Praeter legem, a falta de precepto legal.
  3. Contra Legem, en contraposición a lo que prescribe la norma.

 

DOCTRINA:  Se entiende por doctrina todas las teorías y estudios científicos contenidos en libros, monografías, tratados, revistas, que contribuyen a la interpretación del derecho positivo y que guían las reformas de la legislación, así como pauta para la aplicación del derecho.

La doctrina es pues el conjunto de estudios de carácter científico que los juristas realizan acerca del derecho, ya sea con el propósito puramente teórico de sistematización de sus preceptos, o con la finalidad de interpretar sus normas y señalar las reglas de su aplicación.

Estas doctrinas de los juristas no tienen fuerza obligatoria, su autoridad depende de la fuerza de convicción de que están dotadas. El juez acude voluntariamente a la doctrina y acoge o rechaza sus postulados y planteamientos de conformidad con su propio criterio.

 

JURISPRUDENCIA: La palabra jurisprudencia se puede entender en tres sentidos:

– Como sinónimo de ciencia del derecho.

– Como conjunto de sentencias o fallos dictados por los jueces u órganos jurisdiccionales.

– Como conjunto de sentencias dictadas sobre un mismo punto y orientado en un mismo sentido.

La jurisprudencia implica que exista una serie de principios y doctrinas y normas generales que se han deducido de la repetición uniforme de los fallos judiciales y que sirven para orientar la decisión de los casos similares.

La jurisprudencia es una manera habitual con la cual los tribunales aplican la justicia a casos concretos.

Lo anterior significa que para que una sentencia tenga fuerza de convicción, no sólo debe estar apoyada en una norma jurídica, validez lógica, sino que también debe concordar con las valoraciones vigentes, o sea realizar positivamente los valores jurídicos.

DIFERENCIA ENTRE DOCTRINA Y JURISPRUDENCIA

La diferencia fundamental es que la doctrina se basa en un argumento teórico expuesto en tratados, teorías y estudios científicos que sirven de base para la interpretación del ordenamiento pero que en ningún caso sería fundamento de peso. Sin embargo la Jurisprudencia si tiene carácter vinculante,  porque genera principios, fundamentos jurídicos en las circunstancias determinadas en el tiempo y en el lugar en las decisiones judiciales; interpreta la ley y sobrepasa los horizontes donde el legislador no puede llegar. Constituye una materia viva para la formación de la ciencia jurídica, ya que se nutre de las experiencias judiciales. Además, el juez tiene que llenar las lagunas que el legislador en el momento de redactar la ley no previó; por lo que la experiencia contribuye a su formación.

Tras esta definición vamos a proceder a comentar brevemente las doctrinas más escuchadas en los últimos años, para así conocer a qué se refieren los medios cuando hablan de ella, como por ejemplo ha sucedido hace poco con el caso Nóos, o con la Sentencia de Otegui.

DOCTRINA BOTIN

La denominada doctrina Botín que estableció el Tribunal Supremo determina que si en una causa solo existe la acusación popular y no la de la fiscalía u otras particulares, la imputación puede llegar a archivarse. La ley establece que un ciudadano puede personarse en un proceso sin necesidad de haber sufrido daños directos por una acción o tener un interés personal, y basta con la simple defensa de la legalidad o el interés público. Esa es la conocida acusación popular.

Para personarse como acusación popular hay que cumplir unas condiciones y  se deben superar unos requisitos formales como identificar al acusado y los hechos de los que se tiene que defender de manera clara. Están legitimados para concurrir como acción popular todos los ciudadanos españoles (no los extranjeros), el Ministerio Fiscal y también las personas jurídicas.

Si en una causa ni el fiscal ni la Abogacía del Estado, ni ningún afectado directo consideran que existe delito, la imputación puede llegar a archivarse. La denominada doctrina Botín y se ha convertido en la vía para establecer excepciones en los procesos legales impulsados solo por acusación popular.

DOCTRINA ATUTXA

El propio Tribunal Supremo reinterpreta su propia doctrina sobre la acusación particular fijada en la doctrina explicada anteriormente, para considerar en el caso de el ex presidente de la Cámara vasca Juan María Atutxa, una acción popular puede por sí sola abrir el juicio oral.

La nueva doctrina Atutxa, abstrusamente explicada por el ponente Manuel Marchena sobre criterios jurídico-procesalistas, apunta a que «el delito de desobediencia carece de un perjudicado concreto susceptible de ejercer la acusación particular». Como el fiscal «no puede monopolizar el ejercicio de la acción pública», en relación con este tipo de delitos, la acción popular no conoce «restricciones que no encuentran respaldo en ningún precepto legal». En suma, es la naturaleza del delito de desobediencia, que carece de perjudicado concreto que ejerza la acción particular, la que hace posible que la acción popular inste la apertura de juicio.

DOCTRINA PAROT

La doctrina Parot nace de un dictamen del Tribunal Supremo de febrero de 2006  donde el terrorista de ETA Henri Parot, acusado de asesinar a más de 80 personas, recibió una condena de 4.800 años de cárcel. Pero la ley española solo admite que un reo pueda estar como máximo 40 años de cárcel. Esta cifra puede reducirse por diversos beneficios penitenciarios a 30 años. De modo que Parot iba a salir al cumplir 30 años de cárcel o menos. Para evitar su ex-carcelación, el Supremo consideró que los beneficios penitenciarios no se podían aplicar sobre esos 40 años de pena máxima, sino sobre cada uno de los delitos cometidos. De este modo, se lograba que cumpliera la pena máxima en España de 40 años.

Esta decisión creó jurisprudencia y se ha venido aplicando desde entonces tanto a casos de terrorismo como otros especialmente graves de asesinato y violación.

Esta doctrina sufre un importante «hachazo» cuando en Octubre del 2010  la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tumba dicha doctrina considerando por medio de una sentencia firme  que en este caso España ha violado los artículos 7 y 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que establecen, respectivamente, que «no hay pena sin ley» que la avale,  así como «el derecho a la libertad y la seguridad».

DOCTRINA DEL LEVANTAMIENTO DEL VELO

Bien es sabido que esta doctrina es una pura creación de nuestra jurisprudencia al amparo del artículo 7.2 de nuestro Código Civil, el cual regula la figura del abuso de derecho, así como del 6.4 en relación al fraude de ley.

Entender el concepto esencial de esta doctrina así como sus particularidades exige atender a un primer punto de partida. Las sociedades tienen reconocida una personalidad jurídica que lleva aparejada una limitación intrínseca de la responsabilidad patrimonial exigible a sus socios por razón de las deudas que son contraídas por la propia aquella.

El kit de la cuestión viene cuando existe un aprovechamiento abusivo de dicha personalidad, en tales casos, el juez puede aplicar el levantamiento del velo para desproveer a la sociedad de personalidad jurídica y extender a sus socios la responsabilidad por las deudas contraídas por la sociedad con terceros. Si bien, su aplicación es de orden excepcional y exige de la presencia de diversos indicadores que apunten claramente a esa instrumentalización abusiva que los socios hacen de la propia sociedad para eludir responsabilidades.

A pesar de la evidente utilidad que en muchos casos tendrá la doctrina del levantamiento del velo, su uso está sometido a criterios de cautela, proporcionalidad y subsidiariedad. Resulta del todo lógico que sea así, por cuanto supone en realidad un quebrantamiento de las normas básicas de nuestro derecho societario, dejándolo desprovisto de algunos de sus pilares básicos, como son la limitación de la responsabilidad de los socios y a plena autonomía patrimonial de las personas jurídicas.

 

Espero que os resulte de utilidad este artículo para entender mejor estas doctrinas constantemente mencionadas!!

 

Hasta la próxima!!

LEY SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ¿ Igualdad o discriminación positiva?

En las últimas décadas, el mundo  ha tomado conciencia sobre el concepto de la“igualdad”, que teóricamente se refiere a una sociedad que trata a todo el mundo por igual, independientemente del sexo, la edad, el origen étnico, la clase social, la orientación sexual, la ideología, las creencias…. concediendo los mismos derechos y exigiendo las mismas obligaciones.

Para asegurar que todos tuviéramos los mismos derechos y oportunidades, surge el concepto de “discriminación positiva”: que consiste en repartir los recursos según las condiciones de cada colectivo, dando prioridad a los más necesitados. Dependiendo de cómo identificar los grupos y cómo aplicar las políticas, los resultados pueden ser efectivos, o totalmente contraproducentes.

Tras la Ley Orgánica 1/2004 de de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, se han suscitado diversas controversias, respecto a la igualdad, la discriminación y las medidas garantistas.

La pregunta principal que nace de dicha regulación, la encontramos en, si de verdad se está protegiendo la figura de la mujer víctima de la violencia de género, o si por el contrario, se está creando desigualdad debido a la discriminación positiva.

En primer lugar, hay quienes argumentan que la LOVG quebranta de forma indirecta los derechos de igualdad y presunción de inocencia.
Lo que sin duda, ha constituido
 «el origen de la proliferación de denuncias falsashombre-arrestado«. 

Esta afirmación se apoya en la presunción de veracidad de la denuncia interpuesta por la mujer y las garantías legales que se establecen para el hombre en el momento de ser denunciado.
El gran problema de esta ley, es que se condena por ser hombre y se protege por ser mujer.
En el momento en que el hombre es denunciado, el mismo debe probar su inocencia, cuando en nuestra Constitución se establece que debe ser al contrario. De hecho es la Ley Orgánica con más recursos de inconstitucionalidad hasta el momento.
Mencionar también que la supuesta «víctima» tiene derecho a la asistencia jurídica gratuita, sean cuales sean sus ingresos, a diferencia del hombre que debe cumplir todos los requisitos para poder acceder a ella.
Todos estos puntos flacos de la Ley están provocando que en muchas ocasiones se haga un abuso de ella, denunciando falsamente para vengarse del hombre o para conseguir la custodia de los hijos. No teniendo ninguna consecuencia haber denunciado falsamente.

Cabe destacar que en el caso de que sea el hombre el que sufre maltrato, ya sea físico o psicológico, no tiene las mismas garantías que la mujer. Y por supuesto que hay hombres que se encuentran en esta situación.
Cuales son las razones por las cuales el hombre no denuncia? Entre los motivos principales se encuentran:

1. Falta de apoyos jurídicos.

2. Falta de recursos para el hombre maltratado. No existe un servicio, ni un teléfono de emergencia como en el caso de las mujeres. En el 016 (número de telefono de atención a la mujer maltratada no se atienden las llamadas recibidas por hombres maltratados).

3. Problemas de credibilidad.

4. Miedo al ridículo.

5. Mostrarse sometido.

En segundo lugar existe una corriente de opinión sobre la LOVG opina que se minusvalora a la mujer, teniendo que ser protegida por el hecho de ser mujer, y como víctima, al igual que lo sería dicha figura en  otros tipo delictivos.
Dando a entender que las mujeres, tras ser consideradas durante años seres inferiores, son ahora un colectivo susceptible de ser protegido, que necesitan de leyes de discriminación positiva que las ayuden.
Tras más dMujer_llorandoe siete años de aplicación de la Ley Integral contra la violencia de género, el número de muertas por violencia machista no ha bajado, la conclusión lógica es que esta ley no está cumpliendo la finalidad con la que fue concebida, pero, por algún motivo la ley no ha sufrido ninguna alteración.

Nos encontramos con una Ley que lejos de erradicar el problema base, está situando a la mujer en un plano inferior, y a un hombre sin protección.

Son muchos lo Jueces, Fiscales y Juristas reconocidos que se han pronunciado sobre las carencias de esta Ley que se redactaría con la mejor intención, pero que con el tiempo, habiendo sido desmostado que no funciona, sigue en vigor sin ninguna modificación.

Por todo ello, sería más práctico considerar una Ley contra la Violencia doméstica, donde también se regulen las situaciones de malos tratos con los hijos, el marido y por supuesto la mujer.
A coalición de los argumentos anteriores, y esta vez, dando mi opinión, aunque el lector no tiene por qué compartirla;
Sea por el argumento que sea, esta ley no sólo no funciona sino que crea una situación de desigualdad al no presumirse inocente el hombre denunciado, y por otra parte, la generalización de las denuncias falsas hacen que pierda peso la denuncia que sea real de una situación que sin duda, hay que paliar.

Es por ello que como mujer ruego a todas que se haga un buen uso de esta Ley de protección hacia la víctima de este tipo de violencia, sin olvidar que ellas son realmente las que lo necesitan. Y que la rabia, el dolor, o las ganas de venganza no pueden llevar a que se desarrolle una desigualdad tan boyante hacia el hombre, ni que se desproteja a la víctima por un mal uso de las garantías.